El Dr Carlos Yepes, asiduo columnista del Diario del Huila, escribió la semana pasada un interesante artículo, como todo lo que el dilecto amigo hace, a profundidad, señalando en una crónica resumida el origen de lo que fueron, digo fueron, los dos partidos políticos que históricamente lideraron la institucionalidad de Colombia.
Con sus errores, y con todas las equivocaciones que ya conocemos, forjaron nuestra historia, por lo que, por ningún motivo se les pude negar el papel fundamental que cumplieron desde su fundación hasta la promulgación de la nueva constitución de 1.991.
En uno de mis artículos anteriores comente, como desde la primera de nuestras cartas fundamentales, la dictada por el libertador Simón Bolívar en 1.821 hasta la última de las constituciones, la de Cesar Gaviria en 1.991, los grandes arquitectos de la república fueron los dos partidos, el Liberal y el conservador. Para la redacción de la de 1.991, participo un sector de la izquierda revolucionaria, el M-19, y con su consentimiento se promulgaron amplias normas de participación ciudadana, muchas de ellas aún no han sido puestas en escena, algunas han sido muy útiles como por ejemplo la que consagro el mecanismo de protección de nuestros derechos fundamentales, a través de la acción de tutela.
Veamos un listado de los derechos dedicados al pueblo colombiano: El derecho a la vida, Colombia, nos dice este gobierno es potencia mundial de la vida, pero mal contadas a la fecha ya van más de 90 masacres perpetradas, la mayoría de ellas por los grupos que tienen asiento en las mesa de diálogos de paz con el gobierno, a la salud, y lo que vemos después de haber sido pupitriada su reforma en la cámara de representantes con la anuencia de los partidos tradicionales, el liberal y el conservado tantas veces criticados por la izquierda, que ese gabelas será pan comido por la clase politiquera del pais, a la seguridad social y lo que se avecina con la reforma pensional es que la población joven de Colombia nunca tendrá el legítimo reconocimiento de su pensión, a la intimidad, a la nacionalidad, a la identidad, a la educación, a la libertad, muy próxima a perderse por omisión del gobierno, libertad de expresión, próxima a ser judicializada según proyecto de ley de iniciativa del senador Iván Cepeda, acucioso defensor de las farc, al de petición, el más prostituido de todos los derechos, ya que ninguna autoridad lo respeta ni responde, a la libertad de conciencia e integridad física, psíquica y moral, pura retórica y nada más.
Antes de la carta de 1.991 esos derechos no existían, fue lo que motivo a millones de jóvenes a intervenir en las elecciones de 1.990 para exigir, mediante la contabilización de la séptima papeleta para que se convocara una asamblea nacional constituyente con el fin de cambiar la vieja carta de don Rafael Núñez de 1.886. Así se hizo, y aun no sabemos si fue peor el remedio, o la enfermedad.
Para entonces, la oposición les echaba la culpa del desorden institucional a los dos partidos tradicionales. Ahora, a raíz de los derechos consagrados en el nuevo estatuto, tenemos 36 partidos políticos con personería jurídica, ¿quién tiene la culpa? ¿a cuáles y a cuantos de esos 36 partidos les podemos achacar la tragedia que estamos viviendo? Petro no es bruto y sabe que está gobernando en una torre de Babel, y lo tiene todo fríamente calculado.
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