BOGOTÁ, 6 de abril de 2024.- De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las disputas por el control territorial y poblacional entre estos grupos ilegales armados están afectando gravemente la vida, seguridad, integridad y libertad de los lugareños. Los combates entre el Estado Mayor Central de las FARC y el ELN, y la Segunda Marquetalia y contra las Autodefensas Unidas de Nariño, tienen en inminente riesgo a las comunidades urbanas y rurales de los municipios Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa y Taminango en Nariño.

Consecuencias de los combates

Los efectos de los enfrentamientos armados se han ido extendiendo paulatinamente, e incluso podrían replicarse en los municipios de El Rosario, Policarpa y el corregimiento Remolino, jurisdicción de Taminango, tanto por la cercanía de los límites geográficos como por el control hegemónico del disidente Estado Mayor Central de las FARC, que, ante la amenaza de perder territorio y fidelidades del liderazgo en general, ha endurecido sus mecanismos de control social.

“El grave escenario de riesgo advertido da cuenta de un elevado riesgo de desconocimiento de los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. La zona en disputa se ha convertido en un lugar propicio, territorial y climatológicamente hablando, para la siembra de coca, por ende, para actividades conexas con la cadena del narcotráfico”, señaló Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Con el paso del tiempo, recalcó el funcionario,  “la coca se ha convertido en un monocultivo, creando una dependencia invisible de carácter económico y sociocultural. Así mismo, el amplio lugar se ha usado para el desarrollo de la minería ilegal, a tal punto de desplazar a la agricultura tradicional”.

Presión a las comunidades

Otra de las consecuencias del conflicto armado es el endurecimiento de presiones sobre las comunidades y sus liderazgos, lo que conlleva un inminente riesgo para la población porque podría replicar patrones observados en otras regiones del suroccidente del país, donde se intensifican los controles y regulaciones sobre la vida comunitaria y la libre circulación por el territorio, acompañados de señalamientos y estigmatización. También podría haber hechos de tortura, violencias basadas en género y la comisión de tratos crueles contra personas de la población civil señaladas de apoyar al grupo que ha venido ejerciendo control hegemónico en la zona. Se podrían, además, generar graves obstrucciones para el ingreso de alimentos, misiones médicas y bienes y servicios esenciales para las comunidades que están en riesgo de confinarse o desplazarse

La entidad también advirtió que la presencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño en los municipios de la cordillera nariñense ha reducido la capacidad de las autoridades locales para tomar decisiones, especialmente en seguridad e implementación de objetivos de los planes de desarrollo en las áreas rurales.