El ultimátum angustiado lanzado el pasado 7 de diciembre por Gustavo Petro a Néstor Osuna, su ministro de Justicia, para que acelere el plan para “transformar” la Fiscalía General, para “simplificarla, empoderarla [que chocante anglicismo innecesario], volverla efectiva y cercana a la ciudadanía”, es otra salida en falso del mandatario colombiano.
En ese mismo texto en X, Petro agregó que espera que la Fiscalía, tras la elección de un nuevo fiscal general, “nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”.
¿Petro cree lo que dice o lo dice para tratar de convencerse? La lógica de esto es que el presidente de Colombia descubrió, en 2023, que la Fiscalía, ideada en 1979 y confirmada en 1991, se dedica a “encubrir el crimen”. No parece que Petro esté jugando con el lenguaje. Él lanza esa monstruosidad, sobre todo a aquellos que les queda una gota de creencia en Petro, para convencerlos de que en Colombia los criminales son inocentes y los inocentes son criminales y que su gobierno –plagado en realidad de mentiras, errores, incoherencias y actos contra las instituciones y la economía–, es coherente con su visión delirante del país.
Así pues, la “transformación” de la Fiscalía que pide Petro al ministro Osuna es para que ésta comience, por fin, después de 32 años de “encubrir el crimen”, a impartir justicia, es decir a dejar en libertad a los inocentes encarcelados y a perseguir, reprimir y encerrar a los criminales, según la visión petrista. Resultado: nadie puede estar tranquilo. Los que jamás cometieron crímenes, ni delitos, ni infracciones serán vigorosamente perseguidos. Y los que delinquieron serán declarados inocentes. El hijo del presidente por los dineros escamoteados de la pasada campaña electoral, y los criminales que sembraron la muerte durante las revueltas subversivas de 2021, serán los primeros beneficiados con tal reversión. Ese es el mensaje que lanzó Petro sin que los medios hayan visto el alcance de esas palabras.
La “transformación” de la Fiscalía será el producto de dos operaciones. Petro se prepara para controlar a su antojo, en 2024, todos los hilos de la justicia, a través, por una parte, de una nueva fiscal general –la terna de candidatas que presentó a la Corte Suprema de Justicia es unisexo: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo–, que se someta a los caprichos del jefe del poder ejecutivo y de sus seguidores. Y, por otra parte, gracias a la “transformación” estructural de la fiscalía que parece conducir el ministro Osuna. Petro tiene un problema con las instituciones del país. En julio de 2022, anunció que quería “transformar” la Procuraduría General de la Nación. Ese cambio aún está en el limbo.
Su objetivo es destruir el trabajo hecho por el constituyente primario de 1991 y arrimar al poder ejecutivo el poder judicial, como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Esa deriva de acentos bolivarianos le daría a Petro y consortes un inmenso poder de daño. Un poder inmenso pero ilegal y digno de un proceso de destitución por violaciones graves al ordenamiento jurídico y constitucional de Colombia.
Algunos noticieros publicaron la noticia de la “transformación” sin comentar la aberrante lectura que hace Petro de la Fiscalía, ni el insulto monstruoso que lanzó contra esa institución respetable. Es una lástima que algunos medios se limiten a transcribir lo que dice el poder central sin aportar una gota de espíritu crítico a la comunicación oficial. Es evidente que Petro quiere, con esa “transformación”, reconfigurar la Fiscalía para que sirva de palanca del poder ejecutivo.
La “transformación” de la Fiscalía no puede ser hecha en secreto, ni dentro de los estrechos círculos del ministro de Justicia. Solo un poder constituyente, o un referendo, o un acto legislativo, podría redefinir el perfil, parcial o total, de la Fiscalía, siempre y cuando respete las exigencias de trámite fijadas por los artículos 374 a 380 de la CN. Amputar la Constitución del capítulo 6 requiere de una confirmación o no mediante un referendo, prevista por el artículo 378 de la CN.
Obviamente, ninguno de esos elementos aparece en la declaración de Petro del 7 de diciembre. Inútil buscar en la página digital del ministerio de Justicia el texto que prepara el doctor Osuna. En todo caso, la creencia falsa de Petro de que él, por ser jefe de Estado, es el jefe-de-todo-el-Estado, ha vuelto a levantar cabeza, luego de la paliza jurídica que Petro, al regresar de una visita oficial a España, recibió del fiscal Francisco Barbosa quien le explicó toda la ciencia de la separación de poderes y por qué la Fiscalía general jamás ha sido, ni lo será, una dependencia de la Casa de Nariño. Petro parece haber olvidado esa lección.
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