36 entidades territoriales fueron requeridas para que aclaren al ente de control la información sobre PAE y se efectúen los ajustes a los que haya lugar.
Barranquilla, 5 de octubre de 2022.- La Procuraduría General de la Nación advirtió serias inconsistencias por parte de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar PAE.
El ente de control requirió a 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.
Sobre el reporte de la Procuraduría los departamentos con más municipios cuestionados se encuentran en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Meta, le sigue Boyacá, ciudades importantes y muy delicado porque manejan un presupuesto muy amplio como Bogotá. También están en el listados los departamentos de la costa, Bolívar, Atlantico, Cesar, Sucre, ciudades importantes como Sincelejo, Riohacha. Sin embargo es importante señalar que la lista la encabeza Antioquia como departamento.
En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
El Ministerio Público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
Estas son las entidades que fueron requeridas por el Ministerio Público y el tipo de información que debe ser aclarada y/o ajustada:
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