Con fingida inocencia, tres jóvenes politólogos de Bogotá estiman, en un artículo que circula en las redes sociales desde este 21 de junio (1), que la Inspección General de la Policía y la Fiscalía General de la Nación no pueden investigar ni dar informe alguno sobre lo ocurrido en estos 50 días de huelga insurreccional en Colombia.
Para ellos, “lo ocurrido” en estas semanas sangrientas se resume a una sola cosa: a “los asesinatos que cometen los policías” contra los “manifestantes”.
Tal manera de ver es, en sí, una arbitrariedad. Cuando ellos redactaron su texto no había (y tampoco la hay hoy) una decisión judicial que tipificara como “asesinatos” las muertes de 24 personas involucradas en las protestas que estallaron el 28 de abril y que continuaron hasta hoy.
Los autores del artículo de Razón Pública no hicieron, en realidad, investigación científica alguna sobre esas muertes. Escogieron un ángulo, estrecho y excluyente, para poder ocultar los altísimos niveles de violencia “revolucionaria” que desató durante más de 50 días el llamado “paro cívico nacional” y hacer creer, sobre todo en Estados Unidos, que el problema es que las citadas “manifestaciones pacíficas” fueron atacadas sin razón y a bala por los policías.
Los imprecisos politólogos olvidaron decir que, al momento de redactar su nota, la prensa y varios organismos oficiales colombianos habían constatado ya que esas “manifestaciones”, donde hubo 24 civiles muertos, decenas de incendios, más de 3.500 bloqueos de vías y carreteras, desabastecimiento de alimentos y medicamentos en varias ciudades, 74.208 armas de todo tipo incautadas, 157 noticias falsas, habían dejado también un saldo de dos policías y un funcionario de la Fiscalía muertos en condiciones horribles y que otros 1.260 policías habían sido heridos (algunos lisiados de por vida) por las hordas vandálicas dirigidas en algunos casos por miembros de organizaciones narco-terroristas.
El curioso estudio calló todo eso y se limitó a evocar las cifras de dos ongs de izquierda — Human Rights Watch y de Indepaz– y tres organismos oficiales.
Según el artículo, Human Rights Watch habló de “l6 asesinatos”, la Ong Indepaz dijo que hubo “38 homicidios” y la Fiscalía anuncio “17 casos”. El ministerio de Defensa, dicen los politólogos, “mencionó un total de 11 asesinatos en proceso de verificación” y la inspección General de la Policía habla de “14 homicidios”. Tal descripción es inexacta. El ministerio de Defensa dijo, por ejemplo, que había 11 “investigaciones disciplinarias por homicidios”, sobre agentes de la fuerza pública, lo que es otra cosa.
Para impedir que las abundantes cifras recopiladas por la Fiscalía General de la Nación y por la Policía Nacional contribuyan al debate sobre la naturaleza de los graves incidentes de estos 50 días de ataques vandálicos en varias ciudades, los autores de la nota escogieron la vía de desacreditar preventivamente a esos dos servicios públicos.
Dijeron que la Fiscalía se ha limitado a emitir “opiniones sesgadas sobre las manifestaciones” y que eso “pone en entredicho la imparcialidad de sus investigaciones”. Descifremos eso: los autores del artículo deciden, sin razón y sin probar nada, que la Fiscalía ha lanzado “opiniones sesgadas”. Como ellos fueron incapaces de citar una sola “opinión sesgada” de la Fiscalía, tal argumento se derrumbó. Esa fue, sin embargo, la técnica cuestionable escogida por los politólogos para desacreditar a la Fiscalía y a la Policía, lo que produce un efecto bumerang: desacredita a Razón Pública, una publicación dirigida por Hernando Gómez Buendía, un eminente sociólogo colombiano.
Otro tanto dijeron de la Inspección General de la Policía. Si bien los tres politólogos admiten que ese organismo está “encargado de supervisar internamente las actuaciones de los policías”, estiman ellos que “la investigación de los homicidios debe ser excluida de su jurisdicción por el simple hecho de ser parte de la misma entidad”. ¿Por qué el organismo específico que investiga las actuaciones de la policía en servicio, no debe hacer esa tarea? Porque los tres politólogos lo piden. Y agregan: “Además, esta Inspección tiene serias deficiencias y está en mora de ser reestructurada”.
Sin demostrar las “deficiencias” de la IGP, tal petición es irrazonable. Es evidente que los tres politólogos no quieren que la opinión pública conozca las cifras y descripciones de la Fiscalía ni de la IGP porque la riqueza de datos y detalles que recopilaron esos organismos sobre la huelga violenta dejan por el suelo las falsas leyendas redactadas con propósitos políticos por Human Rights Watch e Indepaz.
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