A raíz de la negociación llevada a cabo felizmente por el alcalde Jaime Pumarejo a través de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla “APBAQ” y Andrés Ávila como director de la SAE sobre la venta directa y anticipada de las acciones de INASSA (82.16%) que le fueron entregada por la Fiscalía, cuyo contrato de compra venta se firmó el 3 de diciembre del año 2021, y terminó de dársele cumplimiento a la primera parte de lo negociado en diciembre de 2022 al pagar el 50% en efectivo del valor de la venta, que fue de $565.000 millones, y la diferencia pagaderos en 6 años, con las utilidades de la concesión Triple A.
Todo marchaba normal, solo faltaba un acto protocolario para hacer oficialmente entrega de las acciones a la empresa APBAQ, para ello la nueva dirección de la SAE procedió a fijar una asamblea virtual en la ciudad de Barranquilla el 26 de diciembre del 2022, y proceder los nuevos propietarios a elegir una nueva junta directiva, excluyendo a los funcionarios de la SAE, que hacían parte de dicha junta. Cuando todo estaba programado para la realización de la asamblea en forma virtual, surgió algo inesperado.
El funcionario Andrés Idárraga quién funge como secretario de Transparencia del gobierno de Gustavo Petro, irrumpió en la emisora de propiedad de inversionistas españoles, la “W” que dirige Julio Sánchez Cristo, denunciando posibles actos de corrupción en esa negociación e incluso detrimento patrimonial por $400.000 millones en el Distrito de Barranquilla, sin prueba alguna, procediendo a solicitarle al secretario de la Triple A que procediera a suspender la asamblea.
Clara extralimitación de sus funciones, y además utilizando un mecanismo no adecuado, incurriendo en un acto indisciplinarlo que debería ser investigado y sancionado por la Procuraduría.
Andrés Idárraga con sus declaraciones, aparte de imprudentes, demostró tener un claro desconocimiento sobre el tema al afirmar que con esa negociación el Distrito sufrió un detrimento patrimonial.
El señor Idárraga no distingue entre el comprador y el vendedor, dado que en caso de detrimento el perjudicado es la SAE, y no el Distrito.
Cabe destacar que el señor Andrés Idárraga, desconoce cómo funcionan las sociedades por acciones.
No había necesidad del espectáculo mediático que monto, bastaba con que él, si fue cierto que recibió órdenes del presidente Gustavo Petro, llamará al director de la SAE, y le dijera que no se presentará a la asamblea.
La SAE tiene el 82.16%, sin su presencia no puede haber asamblea. Pero esa no era la intención, sino montar un escándalo mediático para poder sacarle beneficios políticos en Barranquilla de parte del grupo que apoyo a la Colombia Humana. Tanto fue así, que sus voceros más cercanos al gobierno procedieron a dar todo tipo de declaraciones, cuando en 27 años, que se privatizo la concesión Triple A nunca dijeron nada, e incluso se les olvido que muchos de esos voceros que hoy protestan hicieron parte de esas administraciones con cargos de responsabilidad.
Pero la función no podía terminar con las declaraciones del Secretario de Transparencia y el grupo de áulicos que repetían las sandeces que dijo en la “W”, sin contrastarlo, sin investigar, había que seguir con lo orquestado, y a fe que lo hicieron hasta el punto que 10 días después de lo de la W, se unieron al montaje dos nuevos personajes: el director de la SAE “Daniel Rojas” y el director de Superservicios “Dagoberto Quiroga Collazos” quien estuvo acompañado del funcionario Carlos Emilio Betancourt Galeano, el encargado de dar una cifra sobre la compra venta de acciones, que impactara a los colombianos. Para ello convocaron a una rueda de prensa con participación virtual, el 5 de enero de 2023, donde se plantearon por parte de ambos funcionarios interrogantes sobre la negociación realizada en el gobierno anterior, todas encaminadas a darle cumplimiento de acuerdo a sus declaraciones a lo conversado con el PSOE y la Colombia Humana, para frenar el proceso de entrega de las acciones de parte de la SAE al Distrito de Barranquilla.
El interrogante más publicitado fue el famoso estudio “exprés” elaborado por el funcionario Emilio Betancourt Galeano, quién afirmó sin sonrojarse, que la concesión Triple A, valía $2.4 billones, y no $565.000 millones. Sin presentar pruebas o contradecir una a una la valoración elaborada por la firma Deloitte considerada la No 1 en el mundo, en este tipo de negocios.
Igualmente, el director Quiroga convertido en juez de la república, dijo que la negociación era ilegal por venta anticipada y por haberse vendido en forma directa, y no por subasta. El director de la SAE arranco la rueda de prensa, diciendo que existían ciertos rumores (supongo que en medios de comunicación) de que el gobierno con sus decisiones estaba favoreciendo a los españoles, al frenar la entrega de las acciones al Distrito, afirmando que eso no era cierto.
La sorpresa se da cuando el doctor Rojas, en tono vehemente afirmó como consta en las grabaciones de la rueda de prensa que hemos hecho circular, lo siguiente:
“En efecto lo que reclama Canal Isabel es que no se realice la enajenación temprana del bien hasta tanto el proceso no culmine” más adelante dice “obramos bajo el principio de precaución y expresamente bajo la Ejea o recomendación más que recomendación bajo la orden expresa del señor presidente de la República”.
Como pueden leer y escuchar en el audio, nada es casual, todo fue debidamente programado y orientado a montar un espectáculo mediático el cual sería acompañado por Canal Isabel Segunda, tal como lo hizo metiéndole más leña al fuego al proceder el 13 de enero de este año, a impetrar una demanda ante la “CIADI” aduciendo incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo inversionista firmado entre las partes. Eso conllevo a más titulares, de los tantos que han circulado.
A Canal Isabel Segunda, la estrategia montada con euros para tratar de dañar la imagen de la Triple A, pero principalmente crear la duda alrededor de la negociación, le dio resultado al contar con el apoyo directo del gobierno del presidente Petro, y por supuesto de varios medios de comunicación, periodistas y redes sociales que se encargaron de repetir sin cansancio las palabras expresadas por los funcionarios públicos que orquestaron el espectáculo, sin que esos funcionarios hubieren dado a conocer los estudios rigurosos que hicieron para validar sus tesis.
Frases como, yo te lo dije, te lo venía diciendo, se escucharon en los medios radiales de Barranquilla.
Estos funcionarios, que se extralimitaron en sus funciones al suspender un contrato debidamente legalizado y debidamente pagado responderán por sus actos ante las autoridades competentes. Pero lo preocupante es que ellos siguen desempeñando sus cargos, que son de vital importancia para el país, y preocupa que sus futuras actuaciones no se hagan respetando las leyes que ellos en su posesión juraron respetar y acatar.
Vulneraron el Estado de derecho al extralimitarse en sus funciones, y es posible que el presidente de Colombia al ordenar tal como lo dice el director de la SAE con mucha propiedad en el audio a sus subalternos a que frenen el proceso de entrega de las acciones, se haya también extralimitado, al menos que se demuestre que nuestra constitución política le da ese poder al presidente de la república.
De acuerdo a consultas hechas a jurisconsultos sobre el tema, sus respuestas coinciden que “es un juez de la república el que puede decidir si un contrato es legal o ilegal”. Lo correcto y es lo que dice la ley, si un funcionario público cree que en un contrato se cometieron actos de corrupción que conlleva a un detrimento patrimonial de la entidad pública, deben presentar las denuncias respectivas con las pruebas que hayan acumulado, para que la entidad competente realice la investigación y la lleve hasta su destino final. No hacerlo resultaría en falta grave del funcionario público por omisión, y merece ser sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.
Ahora quieren convertir a la Contraloría General de la República, en la entidad autorizada para que decida, si en esa compra venta de acciones hubo o no actos dolosos, o se vendió a un precio inferior al valor real de la concesión. ¿Cuánto demorara esa entidad, que emite sus conceptos normalmente con varios años de atraso, para pronunciarse?
El gran perjudicado con la decisión tomada por el gobierno actual, es la empresa Triple A, y sus usuarios. Entiendan que ninguna empresa y menos de este tipo pueden funcionar sin junta directiva. Los gerentes tienen limitada en casi todas las empresas su capacidad de contratación. También se ve afectado en sus relaciones con el sector financiero, los proveedores y por supuesto sus trabajadores porque genera incertidumbre y esa incertidumbre como a la falta de contratación pueden conllevar a una mala prestación del servicio.
La gran mayoría de las veces, los estrategas políticos no evalúan las consecuencias que puede generar una decisión de este tipo, orientada principalmente a crear un impacto mediático sobre una empresa, el daño causado puede ser tremendo y volteársele en su contra, dado que el barranquillero lo que quiere y lo ha demostrado con su comportamiento es recuperar esa empresa en manos del Distrito de Barranquilla.
Con esa estrategia mediática entre el PSOE y la Colombia Humana, también se afecta al Distrito de Barranquilla, que desea tener el control de la Triple A, para ello le solicito al presidente Duque, que intercediera ante la SAE, para que le cedieran gratuitamente el 50%, del 82.16%, de las acciones que tenía en administración, pero se la negaron. Entonces decidió adquirirla por compra directa, al negociarlas de acuerdo a lo que establece la Ley 1708/14, y el artículo 8, de la Ley 2155/21, y otras normas, acordando con la SAE, el monto de la negociación como su forma de pago.
Barranquilla, sabe lo importante que es la empresa Triple A, para su desarrollo urbano. Sin esta empresa no hubiera sido posible alcanzar el desarrollo urbano que se inició con la administración del padre Bernardo Hoyos, al dotar a toda la ciudad de agua y alcantarillado, y ha continuado con las otras administraciones. Por ello el interés de los barranquilleros de tener el control de esa empresa, y no volver a permitir que se repita lo que se hizo a partir del año 1.996.
Tengan claro, que una ciudad sin servicios públicos domiciliarios eficientes, vera frenar su desarrollo urbano.
Nuestro deber como barranquilleros es seguir luchando porque el Distrito tenga el manejo de la empresa, controlado su paquete accionario. Hoy tiene el 14.5%, pero con la negociación que se hizo tendrá el 74%, porcentaje suficiente para tener el control total.
Alrededor del escándalo se han creado unas falacias, las cuales trataremos de analizar una por una, de la forma más breve posible, en un documento que publicare próximamente.
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