BOGOTÁ, 7 de julio de 2021.- Luego de la visita que hizo en el mes de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, en que se dedicó a recoger las quejas de la autodenominada primera línea y sus líderes, además de escuchar a todo promotor del terrorismo urbano, pero desconoció las denuncias de todos los demás sectores, hizo cuarenta y un recomendaciones en las que abarca lo que siempre se ha conocido del afán de apartar a la Policía del Ministerio de Defensa. Seguir al pie de la letra la entrega del país a las Farc que hizo Juan Manuel Santos, entre otros desafueros, pretendiendo intervenir en la soberanía del país ordenándole al Gobierno Colombiano.
Abstenerse prohibir los cortes de rutas, o vías, esto es, permitir que los bloqueos criminales que están prohibidos en otras recomendaciones al igual que lo prohíbe la misma Constitución colombiana sean permitidos, porque a ellos les parece que Colombia debe violar sus propias leyes para que el terrorismo urbano y sus patrocinadores estén satisfechos. Por lo que exigen que permanezcan con todo el daño que le han ocasionado a la economía del país, al igual que han impedido la circulación de la ciudadanía, que ha denunciado haber sido secuestrada incluido barrios enteros, al igual que han violado el Derecho Internacional Humanitario impidiendo la movilización de las misiones médicas, el asesinato a Policías al igual que la destrucción de locales comerciales, el abuso sexual, robo, atracos, incluidas las practicas satánicas en las calles, terminales de transporte masivos y sus vehículos, la infraestructura policial, el daño a civiles como el perpetrado a establecimientos comerciales como bancos, saqueo a supermercados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos además pretende manipular el ordenamiento del institucional del país, pretendiendo que se saque a la Policía del Ministerio de Defensa y que esta dependa del Ministerio del Interior, para así darle satisfacción a las Farc y a la izquierda para que la Policía se convierta en una Policía Política y que sean los alcaldes quienes creen las políticas de seguridad, y el manejo completo a su arbitrio.
Al tiempo que esta Comisión socialista, pretende ejercer un monitoreo la Policía del Esmad, porque según ellos hay un uso desproporcionado de la fuerza, para poder obtener una “consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad”.
Según ellos, no hay acceso a la Justicia, por lo que exige que “se adopten las medidas necesarias para el acceso a la justicia” Que ninguna forma de protesta se puede restringir, entre otras de las abusadoras exigencias.
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