Sin un gesto de compasión. Por: Eduardo Mackenzie

Desde el pasado 28 de abril hasta este 27 de junio, el llamado “paro nacional” –decretado por un “comité” semiclandestino — causó, según los únicos datos creíbles, los de la Fiscalía General y de la Policía Nacional (1), la tortura y muerte de dos patrulleros de la Policía y de un funcionario de la Fiscalía General y dejó heridos y lesionados (algunos de por vida) a 1.477 policías (de los cuales 63 son mujeres).  También, 24 civiles perdieron la vida y 1.147 otros fueron heridos en actos relacionados directamente con la violencia desatada por el sindicato comunista CUT y su rama sectorial Fecode.

Nunca en la historia de Colombia una protesta “sindical”  había alcanzado tal nivel de ferocidad. El país vió con horror cómo los pretendidos “huelguistas” incendiaban hospitales y hoteles con clientes adentro, así como incineraban juzgados de provincia, asaltaban ambulancias, bloqueaban calles y autopistas, creaban desabastecimiento  en regiones enteras, como el estratégico eje económico Cali/Buenaventura. Colombia vió morir a un bebé en una ambulancia inmovilizada y sacudida por manifestantes. Vió los saqueos de almacenes, el derribo de estatuas, los ataques a órganos de prensa, a buses y a todo tipo de edificios. En Bogotá, algunos vecinos tuvieron que salir a defender sus casas con palos y cuchillos para impedir que los saqueadores las invadieran. Las marchas y tumultos aumentaron dramáticamente los contagios y muertes por Covid-19.

Un movimiento, que hipócritamente se disfrazó de “protesta pacífica” contra una reforma tributaria –que el gobierno retiró antes de que comenzaran los desórdenes–, abrió sus puertas a células urbanas de las Farc, del Eln y de otros grupos que parecían disueltos hace años, como el M-19, rebautizados como “Primera Línea”, y a agitadores extranjeros. Un jefe de Fecode confesó que el paro era para destruir el partido Centro Democrático.

Al cabo de dos meses de lucha, la Policía Nacional logró reducir los desmanes y bloqueos. La Policía nacional –con una ayuda de las fuerzas militares en el Valle del Cauca–,  impidió que  la subversión alcanzara sus objetivos, como era consolidar bastiones de poder en las seis principales capitales y en el puerto de Buenaventura para obtener un cambio de régimen político.

Nunca antes la suerte de nuestro país había dependido tanto y tan directamente de ese cuerpo armado de naturaleza civil que son los 157.820 miembros de la Policía Nacional, dentro de los cuales se destacan por su heroísmo los 3.500 policías del Esmad (Escuadrón móvil antidisturbios).

Ese desempeño ejemplar tuvo un costo altísimo: la mitad del Esmad, 1.477 uniformados (todos ellos jóvenes entre los 20 y los 25 años de edad), fueron heridos o lesionados gravemente con todo tipo de armas, y tres perdieron la vida.  Ellos fueron la única muralla de protección que tuvo el país en esos dos meses aciagos contra los asaltos de la barbarie narco-comunista.

Sin embargo, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los jueces, ni la prensa, parecen darse cuenta del papel salvador jugado por la Policía Nacional. No he visto un solo gesto de reconocimiento ni de compasión del presidente de la República con los policías heridos ni con las familias de los funcionarios ultimados. Todo lo contrario, Iván Duque anunció que hará una “transformación integral” de la Policía y que cambiará hasta el color a sus uniformes. ¡Qué actitud estrafalaria! Nadie olvida que debilitar la Policía es uno de los puntos urdidos por JM Santos y las Farc en La Habana. Al mismo tiempo, activistas de las Farc en Ginebra tratan de intoxicar al Consejo de Derechos del Hombre de la ONU con su impostura de los “83 asesinatos” cometidos, según ellos, por la “brutal represión de la policía”.  ¿Por qué solo 83 y no 320 o 5.000 asesinatos? Pues lo de ellos es forjar mitos que la realidad repudia.

El jefe de Estado no combate esa campaña difamatoria contra la Policía y no ha dicho una palabra sobre el sufrimiento en los hogares de los 1.480 funcionarios muertos o heridos. No ha enviado un saludo, ni ha visitado un hospital con policías heridos y mutilados. No apoyó la tómbola o “donatón” que organizó en junio Miguel Uribe Turbay, concejal de Bogotá, para ayudar a los policías heridos y asesinados durante el paro. Estos, explicó Uribe Turbay, “han puesto el pecho, su vida y su cuerpo por defender a toda la sociedad, nuestras libertades, el derecho a trabajar, a transitar, el derecho de todos a vivir”.

La actitud de Duque ante la Policía produce escalofrío.  ¿El presidente traga entero la charada de que toda acción policial para preservar el orden es “exceso en el uso de la fuerza”? Duque dice: “A nuestros policías todo el apoyo, pero también toda la exigencia”. Con esa línea ambigua él autoriza las sanciones a los policías antes de que los hechos hayan sido investigados, como ocurrió el 30 de junio. El debería más bien felicitar y respaldar técnica y moralmente a la Policía por su disciplina y abnegación patriótica.  

Durante más de dos meses, 12 ciudades de Colombia sufrieron todo tipo de atentados sin que el presidente encontrara una política eficaz para contener esa desestabilización. Hoy le llueven críticas por su debilidad. Dándole la espalda al artículo 213 de la Constitución, no declaró el estado de conmoción interior. Ignorando los artículos 189-4 y 296 de la CN,  Duque dejó en manos de alcaldes izquierdistas las operaciones de orden público. Devorados por el dogma de que la fuerza pública es “ilegítima” y “violenta”, y que ésta debe “respetar” el inexistente “derecho a la protesta social”, los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali  inmovilizaron al Esmad o lo lanzaron desarmado a las calles para que encarara o sucumbiera ante nuevos tipos de guerra urbana.

Los policías fueron enviados en condiciones absurdas: sin dotaciones a la altura de su misión y sin autorizaciones claras para repeler a los violentos. Todas las democracias tienen protocolos al respecto y protegen jurídicamente a sus uniformados. Colombia, en lugar de seguir los buenos ejemplos, retrocede de manera inexplicable y vergonzosa.  

Gran cantidad de policías tuvieron que sufrir, una vez más, humillaciones, pedreas, insultos, secuestros, ataques con ácidos y bombas y otras embestidas (una mujer policía fue violada por manifestantes), por defender las libertades y los ciudadanos. El jefe de Estado no ve ni celebra ese heroísmo. En cambio, los iracundos creen encarnar el campo del bien pues tanto el gobierno como la oposición repiten cada día un idéntico refrán: que la “manifestación pacífica” y la “protesta social” son la misma cosa.

Esa confusión, base psicológica de los alzamientos, está en vías de engendrar otro monstruo: un proyecto de ley para “regularizar la protesta social”. Esa iniciativa busca, en realidad, triturar el artículo 37 de la Constitución –que concede el derecho a “reunirse y manifestar pacíficamente”–, y crear un confuso “derecho a la protesta social” –donde todo cabría, desde la manifestación apacible hasta el motín destructivo–. Estiman que ello garantizará, al mismo tiempo, “el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”. Con esa norma loca, el ciclo de “protestas” podrá estallar de nuevo en cualquier momento. Iván Duque no objeta ni anticipa nada y deja que esa tendencia prospere. Resultado: ciertos jueces aplican la norma aún no aprobada. Uno de ellos le ordenó a la Policía  que le pida excusas a los vándalos que ésta había capturado, pues los actos de aquellos, dijo, hacen parte de la sagrada “protesta social”.

Y para ceder aún más al “comité del paro”, Duque promete hacer borrón y cuenta nueva. Dice que el Estado “indemnizará a los perjudicados por los disturbios”. La idea no es hacerle pagar las destrucciones a los autores de éstas sino sacar los dineros “del despacho ministerial del que es objeto la protesta”. ¿Para dónde vamos?