Barranquilla, abril 6 de 2017.- Este miércoles, el Parlamento Venezolano, tal como lo había programado, ratificó el contenido de la solicitud presentada por el Legislativo, el pasado viernes 31 de marzo de 2017, ante el Consejo Moral Republicano con el fin de calificar como faltas graves en que podrían encontrarse incursos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Entre los argumentos fundamentales que esgrime la Asamblea para reiterar esta solicitud fue lo sucedido este sábado cuando la Sala Constitucional pretendió corregir las los abusos de inconstitucionalidad en las sentencias N° 155 y 156, mediante sendas sentencias aclaratorias del 1 de abril de 2017, publicadas el 4 de abril, contenidas en las sentencias N° 157 y 158, y que el presidente de la Asamblea Julio Borges, calificó como intentar “maquillar a un muerto”.
Igualmente retoma el hecho de que la Fiscal General de la República, advirtiera públicamente el pasado viernes 31 de marzo de 2017, que esas sentencias de la Sala Constitucional implican una ruptura del orden constitucional en Venezuela, circunstancia que es el resultado del golpe de Estado judicial que se ha venido perpetrando de manera continuada por el ejercicio irregular del Poder Judicial y su servilismo al Poder Ejecutivo, afectando la institucionalidad democrática, afirmó la Asamblea en un comunicado.
El acuerdo también contempla presentar un escrito complementario ante el Consejo Moral Republicano, en el cual se haga referencia al error jurídico inexcusable y otras infracciones en que incurrieron los magistrados de la Sala Constitucional que dictaron las referidas sentencias N° 155 y 156 del mes de marzo de 2017 y sus “aclaratorias” números 157 y 158 del mes de abril de 2017.
De igual forma emplaza al Consejo Moral Republicano a tramitar la solicitud interpuesta por la Asamblea Nacional el pasado viernes 31 de marzo de 2017, y el escrito complementario que será presentado, a los fines de la calificación de las faltas en que podrían encontrarse incursos los magistrados de la Sala Constitucional.
En el mismo documento la Asamblea, deja a salvo la posibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hayan sido elegidos por la Asamblea Nacional sin cumplir los requisitos constitucionales y legales.
También deja abierta la posibilidad de retomar la decisión adoptada por la Asamblea Nacional con base en el informe de la Comisión Especial conformada para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, argumentándose que las designaciones de los magistrados se hicieron en fraude a la Constitución y a la legislación aplicable.
“Estas designaciones tuvieron por objeto asegurar la sumisión del Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo Nacional, prueba de lo cual es el activismo político evidenciado en las más de 50 sentencias dictadas contra la Asamblea Nacional desde diciembre de 2015
Por otra parte el diputado Freddy Guevara, refutó los argumentos del parlamentario Héctor Rodríguez, quien afirmó a los medios de comunicación que se esté tomando un camino inconstitucional con la aprobación del proceso para activar el artículo 265 de la Carta Magna, sobre la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
“Hoy lo que está haciendo la Asamblea Nacional es activar el proceso para iniciar el camino que está en la Constitución que nos permitirá remover a los magistrados, y hay varias vías, pero hoy activamos una de ellas, en la cual el Parlamento solicita al Poder Moral que declare la falta grave para nosotros poder destituirlos, y hay otras vías que la dejaremos para más adelante”, indicó Guevara.
El diputado agregó que el Poder Legislativo diferencia claramente entre dos tipos de magistrados: “Los Jueces expréss que fueron escogidos irregularmente por el antiguo Parlamento y los que fueron nombrados anteriormente”, agregando que ya se declaró ilegal el nombramiento de los Magistrados “expréss” a través del principio de auto tutela, y es a los Jueces que estaban inicialmente que se les está aplicando el artículo 265.
“Es muy triste que él (Héctor Rodríguez) haya dicho que nadie le respondió a su participación, pero la razón es porque se salieron de la sesión y no escucharon a más nadie, pero adentro están los diputados de la Unidad desnudando los argumentos que él dijo, y esos son errores que cometen cuando no vienen al Legislativo y terminan repitiendo como loros lo que les ordenaron desde Miraflores”, dijo Guevara.
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