BOGOTÁ, mayo 25 de 2017.- Este miércoles la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, entregó un nuevo informe que va desde el 6 de abril a la fecha, sobre los hechos criminales que se han registrado en el vecino país en el que según la información hasta este miércoles iban 58 personas asesinadas y mil lesionadas durante las manifestaciones en el país. Importante destacar que en este informe Luisa Ortega no incluyó tres personas asesinadas durante las protestas de este miércoles, por lo que el número se incrementa y alcanza la cifra de 58 personas que han caído bajo las balas del régimen.
Indicó la jefe del Ministerio Público, durante esta rueda de prensa en Caracas, que de los asesinados 52 son civiles y 3 son funcionarios de los cuerpos de seguridad, mientras que 771 civiles y 229 policías o militares han resultado heridos; así como 346 bienes inmuebles públicos y privados han sido quemados o dañados, con pérdidas patrimoniales cuantiosas.
En ese sentido, ratificó que la muerte de cualquier venezolano duele, por lo que repudió la violencia “venga de donde venga”.
Afirmó la Fiscal venezolana “que por esta situación fueron iniciadas 1.475 investigaciones, de las que 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad”.
En materia de delitos comunes se han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de delitos como homicidio, lesiones, instigación pública, hurto y robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento. Del total de imputados, 284 han sido privados de libertad.
Añadió que no todos los detenidos han sido responsables de los hechos ocurridos, por ello, “la liberación de personas detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de derecho y una vocación garantista del país”, esto en lo ateniente a su cargo.
Explicó igualmente sobre el caso de protestas violentas en de Barinas, este martes, que el Ministerio Público registró el asesinato de siete personas desde el lunes 22 de mayo, decesos ocurridos en medio de alteración del orden público y daños a instituciones públicas y privadas, explicó la funcionaria.
Dijo también que durante esos hechos resultaron afectadas la sede del Consejo Nacional Electoral, la casilla de vigilancia del Circuito Penal Judicial de Barinas, las fachadas de la alcaldía y la prefectura de Barinitas, la casa natal del fallecido presidente Hugo Chávez y el comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por esta situación en la entidad llanera, hay 20 personas detenidas.
Derechos fundamentales
La Fiscal General precisó que en materia de derechos fundamentales han sido imputados 19 funcionarios policiales y militares por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio; trato cruel, inhumano y degradante; uso indebido de arma orgánica; privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros.
Al respecto, agregó que hay 18 órdenes de aprehensión aún por materializar.
A propósito de este tema, informó que la causa de la muerte del estudiante Juan Pernalete se debió a un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, lesión producida por el impacto de una bomba lacrimógena.
Al mismo tiempo la Fiscal, mostró el objeto que le produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete, anotó que la Fiscalía tiene conocimiento de dónde salió, del grupo que salió y afirmó que se trata de la Guardia Nacional Bolivariana. Añadió que aún no han individualizado a la persona”, aseveró la Fiscal General.
Por otro lado, indicó que el Ministerio Público tiene “16 investigaciones abiertas contra grupos de civiles armados, los cuales están actuando al margen de la ley y propician la alteración de los ánimos”.
Asimismo precisó que tiene denuncias de que policías y militares están involucrados en saqueos, cuestión que contraviene la función de cualquier funcionario, como es resguardar la seguridad de los ciudadanos y evitar el enfrentamiento entre grupos armados.
También expresó su preocupación, ya que el Ministerio Público tiene registrada más de 500 personas lesionadas, producto de violaciones a los derechos fundamentales.
Explicó que ese número significa que más de la mitad de los lesionados hasta este momento, están heridos por la actuación y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado.
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