Mucho me temo que la condena de 14 años y siete meses de prisión, dictada en buena hora por un admirable juez especializado de Bogotá, contra Sergio Andrés Pastor González, alias “19”, cabecilla de dos bandas criminales, “primera línea” y “resistencia portal américas”, termine en una próxima excarcelación de iniciativa presidencial y a escondidas de la opinión pública.
Gabriela Posso Restrepo, ahora “consejera presidencial para la Juventud” de la Casa de Nariño, afirma sin sonrojarse que los 211 miembros de esas bandas, detenidos a nivel nacional, autores de homicidios, actos de tortura, incendios y todo tipo de actos vandálicos durante las asonadas entre 2019 y 2021, son “presos políticos” y “falsos positivos judiciales” que deberían ser puestos en libertad lo antes posible. La activista-funcionaria pide además el “desmantelamiento del Esmad” y la “reforma de la Policía” Nacional.
Respaldados por las tesis de la señora Posso, un grupo de encapuchados apedreó e intentó tomarse la sede de la Fiscalía en Bogotá este 28 de octubre, pero fueron puestos a correr por el Esmad. Otro que quiere entrabar la justicia y lograr que esos delincuentes sean indultados, es Alirio Uribe, un senador petrista.
En ese marco, el histórico fallo del juez Cuarto Penal Especializado, que también condenó a otros tres integrantes de ese mismo grupo (Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez), y ha sido aplaudido por el país, podría ser destrozado por los fanáticos de la impunidad para los vándalos.
Alias “19” y sus cómplices atacaron violentamente a miembros de la fuerza pública, incendiaron y destruyeron el Portal Américas del sistema Transmilenio, durante una asonada antigubernamental en el sur de Bogotá. Cometieron además actos de tortura física y psicológica contra un civil desarmado en un parque de esa ciudad, el 4 de junio de 2021. Creyendo que ese peatón era un policía, lo secuestraron, lo golpearon, le robaron sus pertenencias y lo hirieron tres veces con un cuchillo. Enseguida, detalló la prensa, “lo amarraron a un árbol, lo cubrieron con pintura y le rociaron (sic) gasolina con la amenaza de prenderle fuego”. La víctima logró salir con vida de ese terrible trance gracias a la intervención de personas que pasaban por el lugar e intervinieron para impedir la horrible incineración.
Los cómplices aun no capturados de Sergio Pastor enviaron una amenaza al juez en el mismo momento en que éste leía la condena. Le dijeron que lo encontrarían algún día en la calle para agredirlo. Gabriela Posso no ha pedido que sea investigado ese nuevo delito. El juez amenazado quedó bajo la protección de la Policía.
Esos son los individuos que la propaganda petrista califica como simples “jóvenes” injustamente detenidos por la Fiscalía.
La prensa relata que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reveló durante el juicio que Sergio Pastor (alias 19) y los otros sentenciados se reunían, desde el 28 de abril de 2021, “en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa, desde donde coordinaron sus ataques contra la fuerza pública”. Allí acumularon garrotes, piedras, cachiporras, cuchillos, cocteles Molotov y sustancias químicas para cometer sus fechorías.
Hay que saludar el valor civil tanto del juez especializado como el de la Policía Judicial, de la Fiscalía y del Esmad. Esas cuatro entidades, al encontrar las pruebas que hicieron posible esas condenas, y al impedir la toma violenta de la Fiscalía, defendieron la sociedad y las instituciones. “La Policía Nacional seguirá cumpliendo con su deber de poner en buen recaudo a quienes infrinjan la ley penal”, declaró el general Henry Armando Sanabria.
La condena de alias “19” (¿será que ese “19” es para insinuar que la “primera línea” y bandas similares son grupos de acción de un M-19 clandestino?) debería ser la ocasión para reabrir el expediente de la huelga insurreccional lanzada el 31 de abril de 2021 por el partido extremista “Colombia Humana” y su jefe Gustavo Petro. Fue en uno de los feroces bloqueos de carreteras que Luz Mary Arévalo, una mamá en trabajo de parto, quien era llevada a un hospital de Bogotá, trajo a la vida un bebé, Salvador, que murió minutos más tarde.
La ambulancia había sido atacada el 4 de mayo por vándalos que trataron de volcar e incendiar el vehículo con sus ocupantes adentro. Angustiada por tal brutalidad, Luz Mary dio a luz su bebé pero éste no sobrevivió por falta de oxígeno. María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Gustavo Petro, dejó atónita a Colombia cuando absolvió a los homicidas: “El bebé no murió por culpa de los manifestantes, el bebé habría muerto igual lastimosamente”, eructó. En las redes sociales, miles de personas condenaron tal cinismo: “No estamos hablando de un perro, estamos hablando de un niño, por Dios”, le respondió una de ellas (1).
La de Salvador fue sólo una de las 21 muertes causadas por el paro insurreccional de 50 días de 2021. Las otras cifras de esa tragedia en el país son: 1 113 civiles heridos, 1 362 policías heridos, 3 425 bloqueos de vías, 106 ambulancias asaltadas, 160 edificios públicos atacados, 1 260 buses destruidos, 465 almacenes saqueados, 460 bancos atacados y 56.970 armas incautadas.
A la investigación que culmina en las sanciones que caen sobre la banda de alias “19”, autores materiales de una parte de los crímenes cometidos por la “primera línea” y “resistencia portal américas”, le falta la investigación y condena de los autores intelectuales e instigadores de esas jornadas sangrientas en todo el país. Pues no fue un “paro cívico”, ni una serie de “marchas pacíficas”. Fue una insurrección golpista que fracasó y que nadie debe olvidar. Luz Mary Arévalo y su esposo John Fredy Abril, los padres de Salvador, no olvidarán.
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