BOGOTÁ, D.C., 22 de diciembre de 2023.- En rueda de prensa este miércoles el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo varios anuncios con respecto al manejo de los recursos de la salud por parte de las EPS del país dentro de la labor de vigilancia y control que corresponde al ente que dirige.
El Contralor presentó un balance y los resultados en materia de cuentas de acuerdo a lo hallado, y preliminares del análisis de la CGR sobre las finanzas de 22 EPS.
El Contralor destacó que los giros de la UPC a las EPS y a las IPS se vienen realizando con regularidad por lo que “no hay riesgo de iliquidez del sistema”.
Ante la amenaza de algunas EPS de interrumpir los servicios, por supuestas deudas, el Contralor afirmó que no puede haber interrupción en la prestación de los servicios de las EPS porque los pagos se encuentran al día. Es así como una auditoria entregada por la Contraloría General de la Nación señala que el estado de la cartera o deudas que reclaman las EPS no se encuentra atrasada en esas diferencias de cuentas que presentan entre las EPS y el gobierno. Señaló que los giros de la ADRES se vienen haciendo con regularidad a las EPS e IPS, por lo que no hay riesgo de iliquidez del sistema. Ha girado al mes de Octubre de 2023 64 billones, y tiene una deuda de 13 billones por girar que corresponde al 2023.
Alertó el Contralor que hay EPS que necesitan levantar el llamado velo corporativo porque es necesario saber a dónde se fueron recursos que están reclamando.
Señaló además respecto de la Nueva EPS que después de analizar la información aportada por esta EPS, la CGR identificó que esta EPS en 2022 realizó pagos a las IPS´s y a proveedores de tecnologías médicas por encima de las obligaciones causadas, “esta EPS tiene $1.5 billones sin justificar”.
“A todas las EPS que no han hecho llegar la información en los tiempos que la Contraloría General de la República les ha indicado, hoy se les inician procesos administrativos sancionatorios por no suministrar la información”, afirmó el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.
Así mismo la CGR reveló un estudio con el análisis de las inconformidades de los usuarios de 31 EPS en relación con la prestación de los servicios de salud entre 2018-2022. Demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, la queja más frecuente.
La CGR advirtió también ineficacia en las acciones y los recursos invertidos para la puesta en marcha del Sistema de Salud Indígena “SISPI”, calificó como “muy grave” que en tres Planes Nacionales de Desarrollo se hayan incumplido las metas en este tema.
El Contralor en funciones, Carlos Zuluaga Pardo, presentó los resultados preliminares del análisis de la CGR sobre las finanzas de 22 EPS. Destaca que los giros de la UPC a las EPS y a las IPS se vienen realizando con regularidad por lo que “no hay riesgo de iliquidez del sistema”. “La CGR verificará que monto de las reservas reportadas no sean meramente contables, sino que cuenten con el respaldo financiero efectivo. A la fecha de corte para 15 EPS, estas reservas ascienden a $15.58 billones.”, afirmó Contralor.
Después de analizar la información aportada por la Nueva EPS, la CGR identificó que esta EPS en 2022 realizó pagos a las IPS´s y a proveedores de tecnologías médicas por encima de las obligaciones causadas, “esta EPS tiene $1.5 billones sin justificar”.
“A todas las EPS que no han hecho llegar la información en los tiempos que la Contraloría General de la República les ha indicado, hoy se les inician procesos administrativos sancionatorios por no suministrar la información”, Contralor.
Denunció finalmente en su informe que calificó como una primera pincelada en este trabajo minucioso, riguroso, en el que las EPS están haciendo pagos anticipados como de pre servicios, esto es, servicios que aún no se han prestado. No obstante que los modelos de integración vertical permiten la contratación con sus propias IPS, pero tienen unos límites. Dijo que Famisanar por ejemplo superó en la contratación el 14.5, y el 14,9 % violando el modelo de equilibrio que la ley estableció afectando la contratación con el régimen público.
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